El Gobierno español apela a otro principio jurídico internacional, el de subsidiariedad, que sostiene que un asunto debe ser resuelto por la autoridad más próxima al objeto del problema, excepto cuando en ese país no se puedan garantizar los mínimos requisitos exigibles. La intención del gobierno del PSOE es proteger al franquismo del principio de justicia universal al que recurrió Garzón para abrir causas contra militares argentinos que no podían ser juzgados en los años 90 en su país.
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