En el anteproyecto el Gobierno propone prohibir apostar a "los deportistas, entrenadores, los directivos de las entidades deportivas u otros participantes directos en el acontecimiento objeto de las apuestas". También se prohíbe apostar a "los árbitros o jueces que ejerzan sus funciones en el acontecimiento objeto de las apuestas", así como a los directores de la Comisión Nacional del Juego, órgano que regulará el juego en España. Las sanciones iran desde los 100.000 € hasta los 50 millones € dependiendo de la gravedad de la infracción.
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