Ahora solo hay seguridad privada en 21 prisiones, un proyecto piloto que en nueve meses ha costado 7,3 millones de euros. En una reciente respuesta parlamentaria, el Gobierno anuncia que ampliará la vigilancia privada a todos los centros penitenciarios, excepto Cataluña. El objetivo es que vigilantes privados controlen la seguridad exterior, supervisados por un pequeño retén de la Guardia Civil.
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