El Gobierno ha adjudicado a un empresa privada el contrato para apoyar la recogida de datos con que se elabora la EPA, la encuesta de población activa, que desde 1964 confeccionan funcionarios adscritos al Instituto Nacional de Estadística (INE). Comisiones Obreras critica el método elegido parar adjudicar el contrato y asegura que el paso a manos privadas “pone en peligro la integridad de los datos y la garantía del secreto estadístico”.
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