La nueva Ley de Acción Exterior, que ultima su trámite parlamentario, limita la responsabilidad del Estado con los españoles en el extranjero: el artículo 39 establece que se podrá "exigir el reembolso de la totalidad o parte" del dinero público cuando se decida "intervenir en operaciones de asistencia en el extranjero que comporten la utilización de recursos presupuestarios del Estado", siempre que "se hayan expuesto voluntariamente a riesgos".
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