La situación es que, salvo el Rey "el resto de la Familia Real, incluido el Príncipe, no tiene ningún fuero especial". Eso significa, por ejemplo, que cualquier Juzgado ordinario podría llamar a declarar al Heredero, cosa que no pasa con una larguísima lista de cargos institucionales, públicos y electos que, por la naturaleza de su desempeño son aforados.
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