El acuerdo creado por el Gobierno y la patronal farmacéutica garantiza un nivel de gasto público anual constante en medicamentos de marca. El sistema desincentiva la búsqueda de tratamientos más económicos como los que suponen los medicamentos genéricos, dicen los afectados. El Ejecutivo ha utilizado la asistencia financiera como una palanca para que diez comunidades se incorporen al modelo al convertirlo en requisito obligatorio.
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