El Gobierno niega que la decisión de reducir al 50% el valor mínimo por el que se puede adjudicar un inmueble diferente de la vivienda habitual en un procedimiento de subasta cuando no haya postor suponga un beneficio para las entidades financieras, y asegura que esa medida pretende "proteger al ejecutado hipotecario, al que se le garantiza la percepción de un importe mínimo de reembolso".
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