El Gobierno de México tiene una nueva fuente de financiamiento: las cuentas bancarias que no han mostrado actividad o que han sido aparentemente abandonadas por sus titulares. La Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para que el dinero, intereses o rendimientos de cuentas que no muestren depósitos o retiros en un lapso de seis años puedan ser tomados por el Gobierno mexicano.
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