La inversión del Gobierno en Cataluña sigue tan politizada como antaño, a pesar del acuerdo Solbes-Castells de septiembre de 2007 para dar cumplimiento a la disposición adicional tercera del Estatuto, que dice que Cataluña debe recibir de Madrid arreglo a su peso en el conjunto de la economía española, que hoy es del 18,72%.
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