Según los hechos probados reproducidos después por el Alto Tribunal, Hormaechea incurrió en un delito de prevaricación durante su primer gobierno (1987-1990) al adjudicar directamente y sin publicidad a la empresa Oyprocansa la colocación de los cárteles anunciadores de obras financiadas por la Comunidad Autónoma y malversó dinero público al pagar remitidos a prensa en los que insultaba a rivales políticos.
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