El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley de servicios de atención al Cliente que, entre otras medidas, impedirá que éstos proporcionen ingresos adicionales a la empresa a costa del usuario o sea usado para ofrecer otros productos. Además persigue fijar un plazo máximo de un mes para que las empresas resuelvan las reclamaciones de sus clientes, y que la atención telefónica sea "gratuita, ágil y personalizada".
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