Los problemas legales del ex-presidente Sarkozy parecen interminables. El miércoles pasado el Gobierno de Hollande admitió que era consciente de que sus teléfonos habían sido interceptados. La oposición conservadora ha visto en este hecho una oportunidad para desviar la atención sobre un problema distinto de su financiación irregular, centrando el foco de atención en la práctica irregular del gobierno actual.
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