El Gobierno está estudiando distintas formas de castigar la acción de los controladores tanto por la vía administrativa como por la penal. De hecho, en este ámbito se les podría aplicar un delito de sedición, que se paga con hasta 10 años de cárcel. El Código Penal, en su artículo 544, establece que "son reos de sedición lo que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o de cualquier autoridad, corporación oficial...
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