El caso comenzó cuando el gobierno incautó dos dominios de la empresa española Rojadirecta, la cual había sido encontrada legal dos veces en España. Rojadirecta demandó al gobierno . A partir de ahí, en una especie de comedia de errores por parte del gobierno se produjo el hecho de que no había base legal para la incautación y todo era inconstitucional. Tras 18 meses, el gobierno devolverá los dominios y renuncia al caso.
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