En lugar de favorecer la renegociación, aplazamiento o cancelación a los usuarios asfixiados por las deudas, aumenta los costes notariales y registrales para su tramitación. A través de una disposición adicional escondida en un real decreto ley, desde el pasado 12 de mayo, el Gobierno ha aumentado casi el triple los aranceles para la novación (mejora del tipo de interés o plazo de amortización), subrogación a otra entidad o la cancelación de los créditos hipotecarios.
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