El Ejecutivo no está dispuesto a "desvirtuar" la urgencia del proceso judicial. "No se puede alargar eternamente", señalan fuentes de la Moncloa. "Tenemos algunas líneas rojas que no vamos a traspasar. Primero, pensamos que la total judicialización no sería eficaz. Segundo, no queremos arremeter contra el usuario como demandan algunos sectores del mundo de la creación. Y tercero, no contemplamos la supresión del canon digital, en sintonía con nuestra interpretación de la reciente sentencia del tribunal de Luxemburgo".
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