El Gobierno insiste en utilizar el Tribunal Constitucional para bloquear todas las leyes con las que las comunidades autónomas intentan frenar los desahucios,dar solución a los problemas de emergencia de las familias en el ámbito de la vivienda o establecer mecanismos contra la pobreza energética,una fórmula con la que el Ejecutivo de Rajoy está paralizando todas las normas con idéntico argumento:los gobiernos autonómicos se extralimitan de sus funciones,invaden competencias estatales y vulneran la planificación general de la economía en manos
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