El Gobierno va a echar mano de prejubilados de la banca para intentar que el crédito llegue a las pymes y autónomos. Se trata de poner en marcha un "facilitador financiero" para canalizar las solicitudes de préstamo de empresas y autónomos a líneas ICO que hayan sido rechazadas en primera instancia por las entidades financieras. Salgado ha anunciado que se contratarán a unas 65 personas cuya función será de asesores que mediarán con la banca. El coste anual de la herramienta será de 10 millones de euros y estará en marcha antes de final de año.
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