El gobierno de Chávez acaba de legalizar el espionaje telefónico y la intercepción sin previa orden judicial para controlar las llamadas de los venezolanos.Entre sus artículos, destaca el 309 que autoriza al Ministerio Público para obtener registros de llamadas de cualquier ciudadano sin necesidad de una orden judicial previa y obliga a las empresas de telecomunicaciones, bancarias y financieras.
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