El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, enjuició que el decreto que va a aprobar el Gobierno para facilitar que empresas catalanas saquen de allí su domicilio social es "inconstitucional" y que además esos traslados "no tienen ningún tipo de efecto en la actividad económica". Sánchez Mato se preguntó "qué más tiene que hacer el Gobierno para pasarse por el forro la legislación vigente" si va a establecer que "los socios, los accionistas, no tienen nada que decir en una sociedad mercantil".
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