En febrero, el Gobierno aprobó una norma que obligaba a las entidades a provisionar el 60% del valor del suelo sin construir en su poder y además un colchón de capital de otro 20%. Con ello, la cobertura para el suelo pasaba a ser del 80%. Se consideraba que ese colchón era la necesaria para hace frente a las caídas de precios. El colchón debía aplicarse de una sola vez al cierre de 2012. Pero no ha sido así. El Gobierno dio marcha atrás antes de que antes de que entrase en vigor, aunque no lo anunció.
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