Pese a que la Constitución prohíbe los indultos generales, el PP aplicó en el 2000 la medida de gracia a 1.443 condenados bajo el pretexto de que el Vaticano había pedido gestos por la reinserción de los presos. Entre los beneficiados que se pueden consultar en el BOE de la época se encuentra el juez Javier Gómez de Liaño, expulsado de la carrera por el caso Sogecable. También tres excargos socialistas condenados por el caso Filesa de financiación irregular. El resto de indultados fueron personas condenadas por una amplia variedad de delitos.
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