El PP ha enmendado la reforma del Registro Civil para derogar todas las leyes vinculadas al traspaso de su gestión a los registradores de propiedad y mercantiles, y ampliar hasta junio de 2017 el plazo de entrada en vigor de la ley aprobada en 2011, que obliga a la desjudicialización de los registros. De esta forma, se abre un periodo de negociación de dos años para que el Gobierno y los agentes implicados negocien una reforma que ahora arranca de cero.
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