Dos años después, el Gobierno andaluz ha recuperado la idea de delegar en empresas privadas la supervisión de proyectos urbanísticos, descartada para la Ley del Suelo, y la ha insertado con otra redacción en el cuarto decreto ley de simplificación administrativa. La polémica norma modifica 176 normas diferentes por la vía de urgencia, tras el rechazo frontal del PP a tramitarlo como proyecto de ley para esquivar las enmiendas de la oposición y los sindicatos.
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