La polémica envuelve a una de las últimas grandes adjudicaciones públicas del Gobierno. Fomento, a través de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), ha otorgado el contrato de asistencia aérea de las emergencias en el mar a una filial de European Aeronautic Defense and Space Company (EADS) sin licencia para volar. Un contrato cuyo importe asciende a 240 millones
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