El 18% de los 11.200 que el Gobierno ha transferido a las comunidades autónomas se adjudica de forma discrecional, sin pasar por la conferencia sectorial con todas las regiones. Desde el Gobierno. Defienden que la administración de los fondos se realiza de manera transparente. Y recuerdan que el Gobierno está sometido a un estricto control, tanto por la legislación española como por la vigilancia que ejerce la Unión Europea.
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