Desde hoy, quienes compren títulos de deuda española deberán asumir el riesgo de no recuperar su inversión. El Estado y los principales propietarios de la deuda -la gran banca- podrán acordar no pagar los intereses prometidos e incluso dejar de devolver el dinero. Invertir en deuda pública del Estado español no será, a partir de ahora, la apuesta segura (aunque no siempre muy rentable) a la que solían recurrir muchos ahorradores españoles temerosos del riesgo de los mercados.
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