Proponiendo que los padres ejerzan ese derecho hasta que alcancen la mayoría de edad, en Japón son los 20 años, en un esfuerzo para que se empiece a enfocar la política en las generaciones jóvenes ante la preocupación de que las políticas públicas estén dirigidas hacia las personas mayores, ya que éstos representan el porcentaje mayor de votantes. Los reducidos recursos redistribuidos a los jóvenes contribuyen a la disminución de la tasa de fertilidad.
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