El Gobierno autonómico continúa ignorando sistemática la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que dictaminó en junio de 2010 que las empresas privadas no tienen el deber de disponibilidad lingüística, ya que el derecho a ser atendido en cualquiera de las lenguas oficiales de Cataluña 'solo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos'.
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