La decisión del juez Baltasar Garzón sobre los crímenes del franquismo es la última pirueta del actual Estado posfranquista para borrar su ilegitimidad de origen. Pensar que el magistrado estrella iba a someter al régimen que le procura honores, cargos, celebridad y sustento al oprobio de la justicia penal universal, representaba un ejercicio de fonambulismo político. Garzón, titular de una institución heredera directa del Tribunal de Orden Público (TOP) de la dictadura es un leal servidor de esta monarquía del 18 de Julio del 36 y del 20N
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