A principios de abril, el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) público un informe muy crítico sobre la aplicación de la garantía juvenil, diseñada para afrontar el paro de los jóvenes durante la crisis. Ninguno de los siete países evaluados – de los cuales cinco reciben financiación de Europa para la puesta en marcha de la Garantía Juvenil – se salva de las críticas, pero España sale particularmente mal parada.
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