A su juicio, en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho "las sentencias las dictan y las hacen ejecutar los tribunales de justicia" y "los poderes administrativos, y en este caso también los poderes políticos", lo que tienen que hacer "es, no solamente tener la obligación legal de acatarlas, sino además el máximo respeto al trabajo que ha sido realizado por los jueces".
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