Ruiz-Gallardón ha indicado que existe un "exceso de litigiosidad" y un "abuso en el acceso a los órganos judiciales, sobre todo en la segunda instancia". Ello obliga a "acotar" los conflictos que deben ser resueltos por los jueces, de manera que si el ciudadano no se conforma con la respuesta que ha obtenido en la primera instancia y quiere recurrir, deberá correr con los gastos del proceso a partir de ese momento.
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