El Gobierno ha aprobado corriendo y sin consenso un proyecto de ley llamado de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que convierte a la población rural en ciudadanos de segunda. Un proyecto además que no ha contando con la participación de la sociedad civil y plataformas de pueblos y entidades menores, y que se hace a escondidas aprovechando el período vacacional. Una ley que dice buscar la racionalidad y el ahorro económico, pero que esconde una vuelta de tuerca más en el avance de las políticas neoliberales...
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