Un asunto que no podemos olvidar es que los empleados públicos, desde el ordenanza o auxiliar administrativo hasta el más docto de los científicos, médicos o juristas, estamos obligados a dar cumplimiento a lo establecido en las leyes que se aprueban en las cámaras parlamentarias del Estado o comunidades autónomas; a seguir lo dispuesto en las normas reglamentarias de desarrollo que aprueban los respectivos gobiernos en los diferentes campos de la Administración pública.
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