La Fiscalía solicita diferentes penas de inhabilitación para Bravo y su mujer, así como multas que superan los dos millones de euros para cada uno de estos dos procesados. Bravo está acusado de apropiarse de unos dos millones de euros mediante el cobro de deudas tributarias a contribuyentes morosos que, luego, no eran ingresadas en Hacienda foral. La esposa está considerada como colaboradora de su marido, mientras que a Atristain se le acusa de receptación.
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