El trabajador prestaba servicios para una compañía de seguros y fue despedido disciplinariamente por falta de rendimiento. No lo impugnó en los tribunales y los reconoció como procedente, lo que implicaba la renuncia a la indemnización legal. A continuación, solicitó capitalizar las prestaciones por desempleo para poner en marcha una correduría de seguros que actuaría como mediadora de su anterior empresa. Ante esta maniobra, los servicios públicos de empleo informaron a la Inspección de Trabajo, que inició una investigación.
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