La República gala se une a Dinamarca y apuesta por restringir fuertemente la libertad de los ciudadanos para operar con efectivo. Desde hace años, no pocos economistas, políticos y analistas han puesto encima de la mesa la posibilidad de eliminar el dinero en efectivo como medida contra la economía sumergida. La primera de las medidas aprobada por el Ejecutivo de Manuel Valls contempla un tope de 1.000 euros para los pagos en metálico. Hasta ahora, el umbral fijado por las autoridades era tres veces más alto, llegando a los 3.000 euros.
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