La Comisión Europea, rama ejecutiva de la Unión Europea (UE), reclama que el gobierno francés le devuelva los 500 millones de euros (unos 719 millones de dólares) que gastó en asistencia a los agricultores de esa nacionalidad. La asistencia viola la ley de competencia de la UE, pues durante más de una década hizo competitivos a los productores franceses de frutas y verduras mediante abultados subsidios, en detrimento de sus vecinos.
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