La operadora que se negaba a enviar las cartas de advertencia a los internautas sospechosos de descargas en Francia ha ganado el pulso al Gobierno. Free argumentaba que el envío por correo electrónico del primer aviso no aseguraba la confidencialidad. Pero en el fondo había otra reclamación: el coste que suponía a la compañía atender las peticiones de las autoridades para que identificara al titular de las conexiones denunciadas por sospechosas de realizar descargas y enviarle el primer aviso.
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