En una misiva firmada por Manuel Valls, se les da a dichas asociaciones un plazo de 10 días para disolverse o reclamar judicialmente la decisión. Hace dos semanas que el gobierno socialista de François Hollande puso en marcha este procedimiento legal para desmantelar a los grupos ultras violentos, tras la muerte del joven activista antifascista Clément Méric, el pasado 5 de junio en París, a consecuencia de una pelea con una pandilla de cabezas rapadas que le golpearon con un puño americano hasta dejarle en coma irreversible.
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