Además, una de las enmiendas introducidas en el texto durante el debate establece sanciones progresivas que supondrán en la práctica un incremento en el precio de los productos. Desde 2025, tendrán que pagar una penalización del 50% del precio de la prenda: un máximo de cuatro euros a partir de ese año hasta llegar a un máximo de diez euros en 2030
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