Lo consideran una expropiación. Algunos incluso hablan de estafa. Han invadido los tribunales españoles e internacionales en busca de lo que consideran “justicia”. Son los inversores fotovoltaicos. Entre ellos conviven multinacionales y fondos de inversión o de pensiones anglosajones, pero también miles de pequeñas familias que se sienten, dicen, igual que los afectados por las preferentes, pero con una diferencia, en este caso el responsable no es una entidad privada concreta, sino el propio Estado.
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