Critica que su presidente sea nombrado por el ministro de Hacienda. El organismo quiere reforzar la Autoridad convirtiéndola en un “árbitro” que separe “la presión política de la consolidación fiscal racional y efectiva”. Debería controlar mensualmente las desviaciones presupuestarias de las comunidades autónomas, “liberando al Gobierno de esa presión”.
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