La amnistía fiscal anunciada por el Gobierno ha generado bastante escepticismo sobre su eficacia entre los asesores fiscales. Las pegas son dos: que el 10% puede suponer mucho dinero, sobre todo si el capital inicial ya está prescrito (han pasado más de cinco años desde que se evadió); y que los interesados necesitan tener la confianza absoluta en que Hacienda no va a utilizar la información que proporcionen para posteriores inspecciones. Algo que requiere, según los expertos, que no sea la Agencia Tributaria la que gestione las declaraciones.
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