La Fiscalía y los tribunales zaragozanos persiguen penalmente el llamado top-manta en aplicación del "principio de legalidad", es decir, de la obligación de aplicar la ley tal y como la escribe el Parlamento. Otra cosa es que estén de acuerdo con la idoneidad legislativa de castigar con cárcel a los manteros, jóvenes inmigrantes sin papeles que carecen de otros medios de subsistencia y que de forma inmensamente mayoritaria no cometen ningún otro delito. Los informes de la Fiscalía se enmarcan en esa línea y lanzan un guante al Gobierno
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