La Fiscalía Anticorrupción ve entre «poca» y «muy poca» trascendencia penal en las denuncias presentadas por PSOE, Más Madrid y Podemos contra «todas aquellas autoridades, funcionarios y particulares que pueden aparecer como responsables» de la adjudicación del contrato del Gobierno de Ayuso a la empresa Priviet Sportive SL para suministrar 250.000 mascarillas FPP2 por un valor de 1,5 millones de euros.
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