Algunos de los datos señalados por la Oficina del Defensor, que acusa a las entidades bancarias de abusar de sus clientes y aprovecharse de su desconocimiento para obtener unos ingresos con promesas de unas ventajas que finalmente no se han cumplido, llevan al Ministerio Público a considerar "la existencia de un fraude o engaño que pueda alcanzar relevancia penal", "aprovechando la relación de confianza existente entre algunas oficinas bancarias y los particulares afectados"...
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