La Fiscalía de Medio Ambiente de A Coruña ha abierto una investigación contra la Xunta de Galicia para aclarar si el Gobierno gallego se maneja con las eléctricas para que sean estas las que, de manera opaca, elaboren las declaraciones de impacto ambiental . A simple vista todo es correcto, pero si se consultan los metadatos de esos documentos se comprueba que la huella digital de al menos seis de ellos señala que sus autores no son funcionarios públicos, sino trabajadores de las empresas eléctricas que promueven dichos parques.
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